Me contaron sobre una reunión con colectivos culturales que organizó algún asambleísta del Distrito Federal para una ley de promoción cultural. Les leyeron las propuestas a los colectivos, y les pidieron que sugirieran qué se podía agregar. Los representantes de los colectivos aprovecharon para reclamar todas las trabajas que les imponían los funcionarios públicos para realizar su trabajo y los ánimos se subieron. El asesor del asambleísta pidió que comprendieran que el Estado estaba para armonizar y, total, debían tragarse la burocracia estatal. Obviamente, esto encendió los ánimos y la vena anarquista de unos cuantos.
En este Estado armonizador, el calendario electoral guía las decisiones de los políticos. La opinión del ciudadano sólo importa para saber qué recuadro marcará con una cruz y qué argumentos pueden convencerlo de marcar otra. La tragedia sucedida Ayotzinapa lamentablemente ilustra qué tan pérfido puede ser este modelo democrático.
Si confiamos en las versiones hasta ahora proporcionadas de los hechos, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió que les dieran una lección a los normalistas para impedir que arruinaran el informe de actividades de su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien aspiraba a ser alcaldesa. No querían que aquellos muchachos, evidentemente contestatarios y revoltosos, le quitaran el protagonismo para poder ponerse en el lugar de su marido.
Pero la mano se les pasó, finalmente. La ineptitud de las autoridades estatales, que probablemente simpatizaban con el alcalde por los réditos políticos que pudiera proporcionarle para la campaña electoral del año siguiente en Guerrero, contribuyeron a darle el tiempo suficiente al alcalde y a su esposa para escapar y esconderse.
Conforme los detalles más escabrosos salían en los medios, la indignación del público crecía. Este enojo se vio como una oportunidad para los partidos de denostar a sus adversarios. No se podía dejar de señalar que tanto el estado de Guerrero, como el municipio de Iguala, estaban gobernados por el PRD. No se podía dejar de señalar que el Gobierno Federal nunca actuó en Iguala, aunque ya tenían denuncias anteriores contra su alcalde. No se podía obviar que la corrupción en el gobierno había propiciado estos actos. No se podía dejar de acusar a la política del gobierno anterior que promovió la violencia de estos grupos delictivos. Y por supuesto, no se podía dejar de pensar cómo se le podía sacar provecho electoral a la situación.
El PAN lanzó una propuesta anticorrupción. MORENA hace una asamblea de supuesto apoyo a Ayotzinapa, donde después su carismático líder pretende convertirse en un mártir mayor que los 43 desaparecidos. El PRI no ha dejado de señalar que todo sucedió en gobiernos perredistas. Y el PRD… El PRD ha preferido no declarar tras darse cuenta de que mete más la pata cada que sus líderes hablaban.
En Ayotzinapa fue Estado. Y cuando decimos «fue el Estado», debemos recordar quiénes conforman ese Estado. El Estado no sólo es el nivel federal, también son los gobiernos estatales, los municipales y con su división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y cuando decimos que fue el «Estado», es ese Estado con mayúsculas que sirve como herramienta de control de la clase dominante sobre la oprimida. No, no es el Estado «armonizador», ese sólo es un cuento de hadas para que creamos en la necesidad del Estado. No hay partidos político que pueda curarse en salud cuando se señala que fue el Estado, pues conforman el estado o, al menos, pretenden conformarlo.
Si decimos que fue el Estado, entonces la solución no es cambiar al administrador del Estado, sino cambiar el Estado mismo, pues ese Estado ya no sirve. O mejor aún ¿por qué no pensar en tirar de una vez a la basura al Estado?
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