Publicado en De-Veritas
Tenemos a un joven de 30 años, José Luis Burela López, a quien se le hizo sencillo -como a muchos de nosotros se nos hace- cruzar a media calle, teniendo cerca un puente peatonal. Por otro lado, tenemos a una periodista y funcionaria de Boca del Río, quien por cansancio o ebriedad -no se ha aclarado aún de forma satisfactoria- impactó a este joven, causando que perdiera la vida. Este escenario es por sí mismo complicado para tomar una postura. Hay un muerto y un responsable directo por esta muerte. Hay un atenuante demostrable: el peatón cruzó por donde no debía. Hay un agravante controvertida: el conductor presumiblemente conducía en estado de ebriedad.
A este escenario, se le suma un gobernador cuyo mandato se ha caracterizado por la persecución de periodistas. Tan solo en los primeros dos años de mandato, Javier Duarte logró poner a Veracruz como puntero en la ignominiosa competencia por amordazar la libertad de expresión. Incluso se ha culpabilizado a las víctimas por nexos con el narcotráfico, que por su situación de difuntas no han podido defenderse. Tenemos casos, como el de Regina Martínez, en los que parece haber intervención por parte del ejecutivo estatal para encontrar culpables en cualquier persona que esté dispuesta en cargar con el crimen de otra.
Por último, tenemos en México la práctica común entre políticos y ricos de mover sus influencias y recursos para escaparse del férreo, aunque corroído -por no decir «corrompido»- brazo de la ley mexicana. De esta forma, se desaparecen agravantes y se aducen atenuantes que les permite salir tras el pago de una fianza que poco adelgace sus bolsillos.
Todo esto pinta un escenario cuya resolución definitiva pareciera sólo poder provenir de un Deux ex Machina. Sin embargo, no falta quienes desde distintas tribunas señalan, como si hubieran estado presentes en el accidente, la culpabilidad o inocencia de los implicados.
Por ejemplo, tenemos una nota que raya en lo ridículo donde aduce «argumentos» que demuestran la culpabilidad de la conductora, basados en el método tan criticado por Sócrates del «sentido común». Un artículo escrito con demasiadas vísceras para tomarlo en serio.
Maryjose Gamboa no ha negado su culpabilidad en el accidente. El asunto que se discute es qué tan culpable es. Y es aquí donde entran las suspicacias ¿el gobierno municipal de Boca del Río manipuló las pruebas a favor de su funcionaria? ¿el gobierno del estado de Veracruz metió su mano al ver en las fauces del lobo a una periodista que los ha señalado desde hace varios años en su columna y espacio radiofónico? ¿Cuál es la realidad? Parece que tomar una postura termina siendo un acto de fe.
Es entendible que la familia y amigos de José Luis Burela quieran el mayor castigo posible para la responsable de su muerte. Ya Locke señalaba la desventaja, en el estado de naturaleza, que los ofendidos juzgasen a los infractores, pues movidos por la ira o deseo de venganza, se les podría «pasar la mano». Y es por eso que la justicia se imparte por terceros quienes -en teoría- deben juzgar con imparcialidad. Asimismo, es creíble que a Duarte le congratule esta posibilidad de poder cargarle la mano a una de sus críticas, acción acorde a su papel de monarca despótico de Veracruz.
Si Maryjose Gamboa sólo fuera funcionaria en el gobierno municipal controlado por el PAN, o si sólo fuera periodista, quizá sería más sencillo para nosotros decantarnos por alguno de estos dos veredictos, hacernos un juicio simple para nosotros que no somos jueces. Y por eso mismo, me sorprende la facilidad con la que tanta gente juzga el caso, de entrada complicado.
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